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Los últimos plenos del Senado y del Congreso del año han puesto la primera piedra de lo que será el municipalismo del futuro. La aprobación de la Reforma de la Administración Local en las Cortes Generales ha sido el colofón a un año y medio de intenso trabajo, de duras negociaciones, de reuniones más o menos tensas y de un permanente diálogo con alcaldes de toda España, con la FEMP, formaciones políticas, asociaciones, colectivos de todo tipo, y un largo etcétecera a los que debemos -y agradecemos- la importante evolución y perfeccionamiento que ha experimentado este texto hasta el último momento.

Una evolución que ha quedado constatada tras 37 borradores de la ley, 21 enmiendas aprobadas a su paso por el Congreso y 40 en este último trámite parlamentario en el Senado. Me atrevo a decir que, seguramente, ésta sea una de las reformas más dialogadas de nuestra historia democrática. Nos propusimos escuchar a todos y que su espina dorsal fuera el diálogo y las aportaciones de cientos de concejales de todo el país, los mejores expertos posibles a una de las leyes más reclamadas de los últimos tiempos. Sin duda, lo hemos conseguido.

En aquel debate de hace dos semanas en el Senado, PSOE e IU tuvieron la oportunidad de demostrar altura institucional sumándose al consenso y dejando atrás ese discurso arcaico y anticuado basado en el primer borrador que ya no tenía sentido ni el debate del Congreso. Sus propuestas y exigencias de hace un año, recogidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), son ahora artículos incluidos en la ley: ya no existe el coste estándar, sino el coste efectivo, no desaparecen municipios, ni mancomunidades, tampoco desaparecerán las entidades locales autónomas (ELAS), que gracias a esta ley mantendrán su personalidad jurídica y su condición de entidad local. No se intervienen municipios de menos de 5.000 habitantes, ni se elimina un solo concejal.

Pero tanto PSOE como IU prefirieron dejar de nuevo su sello inconfundible falseando la realidad, haciendo demagogia y jugando a la mentira. A pesar de que su campaña del miedo y de falsedades se desmoronó hace tiempo, han preferido sacar rentabilidad a panfletos ya pagados y seguir anunciando falsas privatizaciones y la destrucción de servicios sociales y de empleo.

Me pregunto cómo los dos partidos que sustentan el gobierno de la Junta de Andalucía se atreven a hacer tal ejercicio de demagogia cuando protagonizan la peor de las fotografías posible para el mantenimiento de los servicios sociales en nuestra comunidad. El gobierno que hoy preside la socialista Susana Díaz debe a los ayuntamientos andaluces 200 millones de euros, 100 de ellos de la ley de Dependencia. Esa sí es una política de recortes sociales y el verdadero rejón de muerte al empleo público.

La mejor garantía de todos los servicios públicos, entre ellos los sociales, es su financiación. Y eso es lo que garantiza y blinda esta ley por primera vez en la historia. Cuando un ayuntamiento preste un servicio delegado -competencia de la comunidad autónoma- y la Junta no le pague será el Estado quien se lo financie y éste se lo retendrá a la comunidad autónoma. La reforma, por tanto, pone fin a la asfixia a la que la Junta tiene sometidos a cientos de ayuntamientos de todo Andalucía.

La Ley de Reforma de la Administración Local no hace desaparecer ningún servicio y mucho menos empleo público. Lo que hace esta ley es abordar una definitiva delimitación de competencias entre las tres administraciones para evitar solapamientos innecesarios y la proliferación de estructuras burocráticas, priorizando lo obligatorio sobre lo superfluo. El núcleo esencial de esta reforma  “una competencia, una administración” va a permitir que los ayuntamientos, que las diputaciones y que el resto de los entes locales presten sus servicios de forma más eficiente, más transparente y con más calidad, que es lo que nos reclaman e importa a los ciudadanos.

La Reforma Local establece además una cláusula por la que prevalece la forma de gestión directa sobre la indirecta de los servicios públicos. Se derrumba así uno de los pilares de la campaña de mentiras emprendida por los socialistas frente a esta ley: en ningún artículo se habla de privatizaciones ni se cambia una sola coma en los modelos de gestión de los servicios públicos.

Sin embargo tenemos que callar frente a un modelo, el de la Junta de Andalucía, basado en practicar privatizaciones encubiertas y soportar que en nuestra comunidad el Bipartito de PSOE e IU sostenga un sistema en el que el 70% de los centros de día sean privados, que del total de 37.039 plazas residenciales en Andalucía sólo 8.904 sean públicas o que creen agencias empresariales para ocuparse de tareas propias y reservadas a la Función Pública.

El Partido Popular no podía olvidar a los 15 millones de españoles que viven en el medio rural y con los mismos derechos que los que viven en las grandes ciudades. A lo largo de los años, las Diputaciones han permitido cubrir algunas de las carencias que se producen en la prestación de servicios en municipios pequeños, y por ello el Gobierno de Mariano Rajoy ha apostado también por el fortalecimiento de las Diputaciones Provinciales. Éstas se convierten en un paraguas voluntario prestador de servicios como colaborador en la gestión de una competencia, pero siempre con la conformidad y con la aceptación previa del ayuntamiento, sin quitar competencias a ninguna entidad local.

Tras el debate de esta ley, El PSOE vuelve a demostrar que su único guión de oposición es el de recurrir al Tribunal Constitucional. Si se estudiaran la ley en profundidad se darían cuenta de que la constitucionalidad de este texto está basado en la extensa doctrina del Tribunal Constitucional y que está avalado además por el Dictamen del Consejo de Estado. Pero lo más importante es que la Ley de Reforma de la Administración local respeta escrupulosamente las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y la autonomía local.

El día 1 de enero entró en vigor una ley histórica, puesta en marcha por un gobierno valiente y el único capaz de sacar adelante uno de los textos más reclamados por los alcaldes y gestores de las entidades locales de nuestro país. El Partido Popular ha logrado sacar adelante y con un amplio consenso una Reforma que significará la modernización de nuestros ayuntamientos, su adaptación al siglo XXI y sobre el modelo de gobiernos abiertos. Las entidades locales ganarán en músculo, serán más transparentes, más eficientes y mucho más fuertes que hasta ahora.

Antonio Sanz Cabello

Secretario Nacional de Administraciones Territoriales del Partido Popular