La crisis de confianza es hoy la mayor amenaza que padece España y Andalucía porque, más allá de la grave coyuntura económica, de la tragedia del paro y de la emergencia social de miles de familias, la ausencia de un referente fiable en el gobierno y la carencia de una estrategia política definida para salir de esta situación es el mayor lastre al que se enfrenta nuestra sociedad.

El divorcio entre los ciudadanos y sus gobernantes se ha consumado y, como suele ocurrir, es consecuencias de engaños, de falta de compromiso y de un proyecto común quebrado por la desconfianza.

Ha sido tanto el empeño de los socialistas por ocultar la crisis, tanto el optimismo desmedido y las falsas esperanzas, que los ciudadanos sienten que su realidad está hoy muy alejada de los despachos gubernamentales.

El problema es que Griñan y Zapatero son ya el verdadero  problema. En Andalucía no hay un proyecto político que los ciudadanos perciban como solvente y capaz de sacarnos de la crisis en las condiciones que podríamos hacerlo. Andalucía puede superar esta situación con éxito, porque el millón de parados, el fracaso escolar, el cierre de empresas, los impuestos más altos de España y tantas otras cosas no son una maldición insuperable sino la consecuencia de un proyecto político fracasado y de un gobierno autonómico paralizado y rendido ante las dificultades.

Los momentos más difíciles para los andaluces, cuando vivimos una situación de emergencia social hasta ahora desconocida en la historia de nuestra autonomía con más de 300.000 familias que no tienen ingreso alguno, coinciden además con la crisis política permanente a la que nos arrastra el PSOE como partido gobernante.

Sólo un año después de haber ganado las últimas elecciones, el presidente de la Junta de Andalucía abandonó el barco, que ya navegaba a la deriva empujado por un millón de parados, por el agotamiento de ideas para dar respuesta a la crisis y por el deseo de cambio político que cada día con mayor claridad expresan los andaluces. La huída de Chaves provocó un cambio de presidente y de gobierno y una crisis soterrada en su partido que acabó por cristalizar en el reciente congreso extraordinario de los socialistas andaluces. Ya van dos años perdidos y esta crisis política no ha terminado, hay nuevos cambios a la vista y una nueva paralización de la administración autonómica. Una sociedad que avanza no puede permitirse nunca un gobierno en precario, inestable y en crisis permanente pero mucho menos en la actual situación. Esta es una razón más por la que los andaluces no confían ya en quienes lejos de trabajar para solucionar sus problemas se enredan en sus propias dificultades y multiplican las crisis, no están a la altura de las circunstancias ni al lado de los andaluces.

La sociedad andaluza camina hoy en paralelo a sus gobernantes y, en la mayoría de las ocasiones, a pesar de ellos y con la sombra permanente de una Andalucía oficial que se apropia de los logros de los ciudadanos y no se responsabiliza de sus problemas, que se resiste a la austeridad y mantiene el despilfarro de una administración con demasiados altos cargos y gasto corriente. Andalucía requiere con urgencia reformas esenciales que parecen producir alergia a un gobierno socialista anclado en la inercia y noqueado por la abrumadora realidad que con tozudez se empeña en desmentir brotes verdes y previsiones de recuperación.

Los ciudadanos sienten que ya no se pueden fiar más de quienes tantas veces les han intentado escamotear la verdad, no han tenido la valentía de avisar de los malos tiempos y compartir el esfuerzo para salir adelante y de quienes insisten en las políticas que han fracasado una y otra vez.

No saben qué hacer para salir de la crisis y caminan en sentido contrario a lo que debe hacer un gobierno responsable. Más impuestos, más gasto corriente, más deuda, más recortes sociales, menos inversiones. Además, no quieren que les ayudemos, no aceptan las propuestas de la oposición por una estrategia corta de miras, demostrando así que pesan más los intereses electorales que el bien general de Andalucía. El PSOE no ha votado ninguna de las medidas presentadas por el PP en el Parlamento en los debates sobre la crisis y rechazó más de mil enmiendas a los presupuestos andaluces de 2010.

A pesar de la soberbia inexplicable de un gobierno en apuros, el PP sigue teniendo la mano tendida y tomando la iniciativa para el acuerdo. La nueva negociación con el ejecutivo andaluz, iniciada a propuesta de Javier Arenas, así lo demuestra. Pero no nos engañemos, la solución no es el pacto por el pacto, lo importante son las medidas que se puedan acordar. Que se sepa, sólo con fotos nunca se ha salido de una crisis. Los ciudadanos, y sobre todo los propios socialistas, deben tener claro de quién es la responsabilidad. Zapatero y Griñan han hecho, o han dejado de hacer, todo lo que han querido hasta ahora, nadie ha bloqueado sus políticas. Responsabilizarse de los errores y rectificar es por tanto imprescindible. El PP tiene voluntad de consenso y, si no es posible un pacto global defiende acuerdos puntuales que puedan ayudar a que Andalucía salga antes y mejor de la crisis. Somos conscientes, no obstante, de que sólo un cambio de gobierno, que aborde reformas y ponga en marcha un proyecto político solvente devolverá la confianza a los andaluces.

Andalucía, después de 30 años de gobierno socialista, encabeza los indicadores de paro en España con una desigualdad real, social y económica, imposible de superar con recetas tan fracasadas como las que plantea el PSOE. Esta desigualdad fue reconocida en la Disposición Adicional Segunda del primer Estatuto andaluz, luego llamada Deuda Histórica. En el nuevo Estatuto de 2007, ante el impago de la misma durante los años del ‘felipismo’ y salvo el paréntesis de 120 millones de euros que pagó el gobierno de Aznar, volvió a ser incluida como  reclamación de justicia a favor de la nivelación de servicios fundamentales como sanidad, educación y vivienda con el resto de españoles. Por tanto, no fue un capricho sino algo esencial en una Andalucía con claros déficits sociales y económicos y que mantiene diferencias con otras comunidades de España.

Ahora los socialistas pretenden que el acuerdo entre el Gobierno de Zapatero y el sustituto de Chaves liquide la Deuda Histórica mediante una cesión de solares (en el peor momento económico posible, no lo olvidemos), lo que supone un insulto a la dignidad de los andaluces y una desvergüenza histórica.

A los socialistas les da igual que la mayoría de las inversiones previstas para 2010 en Educación, Sanidad, Infraestructuras o Vivienda desaparezcan debido al impago de la deuda. Les da igual faltar a nuestro Estatuto, borrar de un plumazo el consenso estatutario o que se pisotee la dignidad del pueblo andaluz. A nosotros no. ¿Alguien se imagina que a Cataluña o al País Vasco se les pagara en solares en lugar de en metálico? Los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. No queremos ser ciudadanos de segunda, y mucho menos que quieran matar nuestro Estatuto con sólo tres años de vida.

No podemos perder de vista la naturaleza real de la Deuda Histórica. No estamos hablando de la transferencia de una competencia que, lógicamente, implique transferencia de personal, de bienes, de servicios, que representa en especies el valor consignado presupuestariamente. Estamos hablando de una asignación complementaria que tienen que prever los Presupuestos Generales del Estado en dinero contante y sonante. La LOFCA habla, en su artículo 15.5, de que cada Comunidad Autónoma debe dar cuenta anualmente a las Cortes Generales de la actualización que ha efectuado de las asignaciones presupuestarias percibidas y del nivel de prestación alcanzado en los servicios con ellas financiados. Tales asignaciones complementarias han de hacerse efectivas necesariamente, por tanto, en dinero ya que de otro modo carecería de sentido la dación de cuentas a las Cortes Generales sobre la utilización que se ha dado a las asignaciones percibidas y a los servicios financiados.

Todos los instrumentos de financiación para las comunidades autónomas procedentes del Estado se han hecho siempre efectivos mediante transferencias dinerarias, con ingresos en las respectivas cuentas autonómicas, como no podía ser de otra manera. Por ello, al igual que no podemos imaginar que los instrumentos de financiación como son la Participación en los Ingresos del Estado, el Fondo de Compensación Interterritorial o el Fondo de Suficiencia se pagaran en especie, en el caso de la Deuda Histórica tiene que aplicarse el mismo criterio y debe pagarse en metálico ya que se trata de otro instrumento de financiación recogido en el Estatuto de Autonomía.

Ya lo advirtió Rafael Escuredo, el primer presidente de la Junta de Andalucía, en las sesiones de debate del Estatuto de Autonomía en octubre de 2004: “La deuda no debe ser eternamente histórica, pero tampoco borrarse en un saldo por derribo”.

Año tras año, los responsables socialistas del Gobierno de la Junta de Andalucía nos presentan a bombo y platillo los Presupuestos del Gobierno Andaluz para el próximo año. Se trata de las cuentas de lo que se va a invertir durante los siguientes doce meses en cada una de las provincias andaluzas.

Los distintos consejeros, de romería por Andalucía, nos anuncian cifras multimillonarias que se traducen en nuevas carreteras, colegios, hospitales, centros para la tercera edad, depuradoras, y un largo etcétera de actuaciones de todo tipo.

En Cádiz, tal y como acostumbran desde hace años,  fueron el consejero de Empleo, Antonio Fernández, junto al delegado de la Junta, Juan Antonio Gómez Periñan, quienes comparecieron ante los medios de comunicación para informarnos de los proyectos que la Junta de Andalucía llevaría a cabo en nuestra provincia y elevaron la inversión prevista para el pasado año 2008 a más de 715 millones de euros.

“Se trata de un Presupuesto que raya la perfección”, llegó a afirmar un exultante Antonio Fernández quien muy satisfecho aseguró la ejecución, entre muchas otras inversiones, de los nuevos hospitales de Cádiz y La Línea:  la Ciudad de la Justicia de Cádiz y Algeciras y los Palacios de Justicia de San Roque, San Fernando y Puerto Real, nuevos centros de Salud en San Fernando, El Puerto o La Línea;  la Ronda Oeste de Chiclana, la Ronda Sur de Jerez, la Variante de Olvera o las estaciones de autobuses de Cádiz y El Puerto; nuevas viviendas de VPO; las  depuradoras de Bolonia, Barbate, Zahara.

Transcurrido año y medio desde entonces y agotado el período de ejecución de dicho presupuestos, el 2008, nos encontramos con una realidad bien distinta y desoladora en la que ni una sola de las obras anunciadas entonces han sido puestas en marcha.

Según datos facilitados por la propia Junta de Andalucía a través de su Oficina de Control Presupuestario, de los 715 millones de euros prometidos para la provincia de Cádiz, sólo se gastaron 147 millones de euros. Es decir, que la inversión ejecutada por la Junta en la provincia de Cádiz durante el pasado año fue cinco veces menor a la prometida y quedaron sin gastar más de 568 millones de euros.

Nada más y nada menos que el 80% del dinero comprometido por la Junta para la provincia de Cádiz, 568 millones de euros que no se ha trasladado en colegios, carreteras, hospitales, viviendas, centros para la tercera edad y demás inversiones que tanto necesita la provincia de Cádiz. Es un dinero que habrá ido a otra provincia, se habrá empleado en los gastos superfluos y fastuosos de la Junta o estará sirviendo para que Chaves se reforme su Palacio de San Telmo. Pero lo que es bien cierto, es que nunca llegó a venir a la provincia de Cádiz.

La casi nula ejecución presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía, es un hecho extremadamente grave y escandaloso. No sólo porque deja clara la falta de credibilidad e incompetencia de un Gobierno que nada tiene ya que aportar nuevo a la provincia de Cádiz. Son expertos en la propaganda y la mentira, pero traicionan día a día y faltan al respeto a los gaditanos con sus continuas promesas que nunca se cumplen.

Lo es también, y esto es lo que realmente nos importa y preocupa, porque están impidiendo el desarrollo y  el futuro de nuestra provincia de Cádiz y estamos perdiendo años de inversiones vitales  que ya nunca vamos a poder recuperar. Son kilómetros de carreteras sin hacer, más de una docena de depuradoras sin construir, 20 centros escolares que no llegan, 25 centros de salud que la provincia necesita urgentemente, 15 años sin construir un nuevo hospital, políticas de empleo paralizadas, etc..”.

Se elaboran unos presupuestos para vender a la ciudadanía que luego son una mentira.  Una estafa política, que va mucho más allá del uso partidista y propagandista que el PSOE suele hacer de las Instituciones, Lo que realmente está aquí en juego y se está resintiendo debido a la incapacidad, incompetencia y mentiras del PSOE, es el futuro de la provincia.

Mientras en la provincia crece el paro de forma incesante (más de 150 mil personas no tienen un trabajo), faltan infraestructuras que permitan la atracción de nuevas empresas, los colegios están saturados y los niños reciben clases en módulos prefabricados, los hospitales están desbordados,  más de una decena de municipios carecen de depuradoras y si no fuera por las lluvias de este año tendrían cortes en el suministro de agua y un largo etcétera de problemas, la  Junta  se permite el lujo de dejar de invertir más de 568 millones de euros.

Mientras que en otras regiones afrontan retos e inversiones de vanguardia, mirando hacia el futuro, en Cádiz seguimos pendientes del pasado, de las mismas promesas de siempre incumplidas, de carreteras, hospitales, sedes judiciales, guarderías, redes de abastecimiento de hace 20 años. Y es que cada proyecto, cada promesa que hace Manuel Chaves para la provincia de Cádiz tarda una media de 15 años en hacerse una realidad.

Es un hecho inaudito, sólo entendible cuando se conoce el ritmo ejecutor del Gobierno andaluz: sólo el 20% de lo prometido cada año. Con estos datos si se puede entender como las obras prometidas nunca avancen; y que las cuentas que cada año presenta  la Junta sean  los presupuestos de las promesas incumplidas del siglo pasado.

En los últimos cinco años, la Junta de Andalucía ha dejado de invertir en Cádiz 2.060 millones de euros anunciados en los distintos presupuestos (264 millones no ejecutados en el 2004; 339.3 en el 2005; 432,7 en el 2006; 456,3 en el 2007 y 568 en el 2008).

2.060 millones de euros prometidos y no cumplidos, con una repetición continua de promesas que se incumplen año tras año.

Y lo peor está aún por venir porque en 2009 volverá a pasar más de lo mismo: millones de promesas que se traducen en millones de mentiras. Nos  encontramos dentro de un círculo vicioso en el que la pescadilla se muerde la cola: mucha propaganda y poca gestión. Estamos ante un gobierno en parálisis, no ya sólo incompetente, sino claramente irresponsable, que lleva años dando la espalda a los problemas de los gaditanos.

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Necesitamos unos presupuestos de primera para una Cádiz de primera. Pero sobre todo, necesitamos de un Gobierno de primera que apueste por la Provincia. Si queremos poner a Cádiz a la cabeza de España necesitamos tener unos presupuestos reales que apuesten por Cádiz y que se ejecuten en su totalidad, algo que ya sabemos es imposible con el socialismo gobernante.

Cumplimos hoy 2 años desde la aprobación por referéndum del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. El balance de su desarrollo no puede ser más pobre y la prueba de ello la ofrece el propio gobierno de Chaves que ni siquiera festeja, recuerda o analiza este aniversario en su Consejo de Gobierno.

Después de una legislatura, la séptima, dedicada casi en exclusiva a culminar el proceso de reforma estatutaria, haciendo el gobierno clara dejación de funciones sobre su propia responsabilidad de gobernar y cumplir sus compromisos, han pasado dos años y el olvido del PSOE sobre el Estatuto se hace insultante. Una vez más se demuestra que estábamos no ante una necesidad de la sociedad andaluza sino ante un simple interés, luego fallido, de orillar al PP Andaluz fuera de la escena política andaluza.

Sin embargo, juntos logramos un Estatuto de primera para una comunidad de primera, como es Andalucía. Juntos hicimos posible el acuerdo sobre un texto estatutario plenamente constitucional, hoy modelo y guía de norma básica para el resto de las comunidades autónomas de España. Fueron muchos e intensos los debates, importantes las cesiones de unos y otros, y sobre todo, muy destacable, la generosidad de las fuerzas políticas para lograr un gran consenso.

Dos años después, Chaves ha desperdiciado la gran oportunidad histórica que represento esa unión de los partidos políticos andaluces. Su desinterés, sus incumplimientos y su sumisión, a prueba de todo, al gobierno de Zapatero están convirtiendo en papel mojado nuestro ambicionado nuevo estatuto.

El Estatuto representa la mejor y más útil herramienta de trabajo para lograr que Andalucía progrese y pueda estar entre las primeras regiones de nuestro país. Sin embargo, la realidad se encarga de corregir este objetivo. Para Chaves el Estatuto ha dejado de ser una prioridad, un instrumento o una guía, y ha optado por guardarlo en el cajón, pensando quizás en futuras épocas donde reeditar la política de confrontación con un posible gobierno popular en España. Ya ocurrió así en los finales del siglo XX.

El problema no es el Estatuto. La excusa ya no puede ser la exigencia de un Estatuto adaptado a las necesidades del siglo XXI. El problema, antes y ahora, es el gobierno del PSOE. Un buen Estatuto y un mal gobierno están resultando una muy mala inversión para Andalucía.

En definitiva, el problema es que este Estatuto le viene grande a Chaves. Que este Estatuto es mucho Estatuto para tan poco gobierno. Que la falta de ideas, de ambición y políticas de Chaves tras 26 años de gobiernos sucesivos se demuestra claramente incompatible con el desarrollo de nuestro estatuto, y por tanto, con la verdadera modernización de Andalucía.

Prueba de ello es el ritmo legislativo en el cumplimiento del mandato estatutario. 37 leyes comprometidas y sólo dos presentadas desde que comenzó esta legislatura. Después de que el 60% de estas leyes procedan de promesas incumplidas desde dos y tres legislaturas pasadas.

Ejemplo dañino de esta dejación del gobierno Chaves lo representa, igualmente, sus incumplimientos casi totales en materia de regulación y desarrollo de los nuevos derechos sociales reconocidos en nuestro Estatuto, los llamados “ derechos de prestación “ que reclaman de los poderes públicos una intervención activa a través de prestaciones educativas, sanitarias, laborales, vivienda, etc. Son derechos de “configuración legal “ y que, por tanto, precisan de la necesaria iniciativa del gobierno de turno. El balance a 2 años no puede ser más negativo. Llama la atención, especialmente, que no se haya hecho nada en derechos relacionados con el empleo, la justicia, la vivienda o la dependencia.

También resulta inaceptable el estrangulamiento político y financiero al que la Junta somete a los Ayuntamientos, consecuencia de la falta de desarrollo normativo en relación al nuevo régimen local y su correspondiente sistema de financiación.

Igual nos ocurre con los principios rectores, objetivos y competencias recogidas de manera ambiciosa en nuestro nuevo estatuto. La presencia de Zapatero al frente del Gobierno de la Nación ha hecho desaparecer cualquier exigencia de nuevas competencias, hasta 19 comprometidas, a las que la identidad socialista con las siglas del gobierno estatal le han hecho renunciar al PSOE andaluz. Las justas demandas de desarrollo competencial de nuestro Estatuto, donde se recogen los nuevos y perfeccionados mecanismos de coordinación con el Estado recogidos, han llegado a sustituirse por una sumisión vergonzante que hace silenciar las continuas agresiones que el gobierno de ZPARO nos provoca de manera continua a los andaluces. Ejemplo manifiesto y claro de ello: el impago de la deuda histórica o el cheque en blanco, sin condiciones, en relación al nuevo sistema de financiación autonómica.

Todo ello empobrece este balance que hubiera deseado poder ser más positivo para bien de nuestra autonomía y beneficio de los andaluces. No puede ser. La parálisis administrativa, política y económica de la gestión de Chaves al frente de la Junta de Andalucía esta significando un altísimo coste de oportunidad para nuestra tierra. Dos años después, seguimos creyendo en el vigor y valía de nuestro estatuto como instrumento útil. Pero, dos años después también sabemos que hará falta otro gobierno distinto para cumplirlo y desarrollarlo.

PSOE y Crisis. De engaño en engaño

Los andaluces es este momento y más que nunca necesitan un Gobierno capaz de generar confianza y proponer soluciones eficaces. Para cumplir el primer requisito se ha de decir la verdad, y para el segundo hay que asumir responsabilidades y no tratar de taparlas con la situación internacional o trasladarlas a la oposición.

Abrimos el año con el triste record histórico de los 150000 desempleados en la Provincia de Cádiz  y los augurios para todo el 2009 son aún peores.

No es por ser catastrofista, pero esto mismo es sobre lo que el PP venía alertando desde hace tiempo, sin que se haya hecho nada para evitarlo, lo han dicho el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, el consejero de la Junta, Antonio Fernández, el propio presidente Chaves o los ministros de Trabajo y Economía entre otros.

Sorprende la franqueza y serenidad con la que los gobernantes socialistas reconocen esta dramática situación sin más, como si no tuviera que ver con ellos y aquí no pasara nada.

En tan sólo medio año, los gaditanos hemos pasado de oir como se nos negaba la existencia de cualquier problema económico y asegurar la próxima creación de 120.000 empleos en la provincia de Cádiz (lo dijo en plena campaña electoral Antonio Fernández)  a alcanzar el trágico record de los 151.271 parados.

Es cierto que vivimos una situación general de crisis económica que en menor o mayor medida está afectando a todos. Pero aquí en el Sur de Europa, en Andalucía y Cádiz, nos ha tocado otra vez sufrir la peor parte.

La crisis no es igual para todos. Y es que mientras que

Estos días hemos asistido atónitos a la nueva aportación de Zapatero y el PSOE al Bicentenario, una especie de web que bajo el nombre Resistencia 2012 constituye todo un despropósito con clara incompatibilidad de valores y principios propios de los que venimos a conmemorar. Ni los jóvenes antisistema de hoy son representativos de la juventud gaditana actual, ni siquiera de los valores que defendían los liberales del XIX. Incitar al conflicto, la confrontación, la revolución… en definitiva, luchar contra nuestra propia democracia parece que es la penúltima ocurrencia y manera de contribuir que el socialismo gobernante ha encontrado para ensalzar tan importante oportunidad para Cádiz y su Provincia.

Pero no estamos ante ninguna novedad. La estrategia parece que se repite, aunque no por insistir debemos aceptarla. Lo ocurrido con nuestro puente es prueba de ello.

Por más que lo intentan, los hechos no pueden cambiarse. Permanecen para toda la eternidad -la que puede proporcionar la Historia- como pruebas fehacientes de lo que alguien hizo. Para bien o para mal. Hay quien desde hace mucho intenta ignorarlos, deformarlos e incluso maltratarlos por si se consigue que los incautos los vean de otro modo. Pero los hechos son testarudos. Creo que fue Mark Twain el que sentenció que, antes que a los hechos, era preferible enfrentarse a las estadísticas que, fácilmente torturables, suelen cantar lo que se quiere que canten. Pero los hechos, no. Por ello, llama la atención la facilidad con que los ingenuos entran al trapo del nominalismo a propósito del nuevo puente de Cádiz.

Resulta que hay dos hechos contundentes como dos bloques del malecón. Uno, es que en 1812 no existía el PSOE. El segundo, que el nuevo puente de Cádiz es un proyecto del Partido Popular que Teófila Martínez ha defendido y promovido ante los gobiernos del Partido Popular y ante el actual gobierno del PSOE. Estos hechos no pueden cambiarse ni deformarse porque son tan evidentes como el Castillo de Santa Catalina.

Pero, si esto es así, ¿qué papel puede jugar el PSOE de Cádiz en estos eventos tan emocionantes y evocadores para la ciudad de Cádiz como son la Constitución de 1812 y el nuevo puente? Pues arrimar el hombro, sumarse y desechar el fácil electoralismo.

Por cierto y para colmo, el primero en hablar en las Cortes de Cádiz fue un cura liberal y no un militante socialista. ¿Habráse visto tamaña faena? De ahí, y seguro que se va entendiendo, procede la estrategia nominalista impulsada por un partido que lleva descomponiéndose demasiado tiempo y al que duele como unas banderillas negras que el todo Cádiz siga votando a su alcaldesa.

En aquella Isla, donde comenzaron las sesiones de nuestra primera democracia liberal y en aquel Cádiz libre de las Cortes, las personas se tiraban a la cabeza, no unos nombres, sino diccionarios enteros. Uno de aquellos diccionarios, el "Critico-Burlesco" de Bartolomé José Gallardo, un gaditano al que le dio por nacer en Campanario y al que las Cortes reunidas en San Felipe Neri nombraron bibliotecario, decía de la alta política que "no debiera ser sino la suprema ley del bien de la república (lo que los romanos liberales llamaban salus populi); pero en boca de ciertos políticos, la alta-política no es más que un comodín para saltar por lo más alto de la razón y de la justicia, llevando las leyes do quieran reyes, para que estos ó sus ministros logren las más chocantes pretensiones".

Parece que el bueno de Gallardo estaba viendo en directo la actuación de la ministra, especialista en broncas, que pasa de ser sevillana a malagueña y de malagueña a gaditana según el lugar del mapa en que se encuentre y la oportunidad. ¿Cómo estar presentes como protagonistas en dos acontecimientos en los que no ha tenido iniciativa el Partido Socialista? Promoviendo la bulla entre La Pepa y la Constitución que, vaya por Dios, son la misma cosa, según se observe desde la popularidad o la oficialidad.

Pero no. Aquí se trata de meter en el coco de los gaditanos y gaditanas que el puente de la Constitución de Cádiz de 1812 es el puente, no de La Pepa, no de Cádiz, no de la primera Constitución liberal, sino que es el puente de Magdalena, de Román, de Cabañas, de Chaves y, cómo no, de Zapatero. Lo de La Pepa es para despistar a los ingenuos y formar el lío.

El puente, todo puente, cualquier puente es símbolo de unión, de conexión, de vínculo, de lazo fraternal y solidario. Pero no. Como ha sido, es y será el liberalismo español, los protagonistas de este puente y de aquellas Cortes, era preciso desde el socialismo gobernante convertir lo que une en discordia, lo que enlaza en separación.

En eso, y no en otra cosa, ha consistido "la alta política" de unos socialistas aún poco conscientes de que, a pesar del dominio hegemónico que han tenido sobre Cádiz desde 1979, la provincia está entre las últimas en empleo, crecimiento y renta de España y de Andalucía.

El nuevo puente de Cádiz debe ser oficialmente el puente de la Constitución de Cádiz como la Constitución de Cádiz, oficialmente, fue la Constitución de 1812. Y debe serlo porque es un puente, porque se trata de recordar una Constitución y porque aquel primer texto esencial se firmó en Cádiz. Son los hechos. Testarudos, contundentes.

El pueblo de Cádiz llamó "La Pepa" a la Constitución de Cádiz porque le dio la gana y en plena libertad de creación y expresión, pero en el mundo la Constitución de 1812 es la Constitución de Cádiz. No fueron ministros quienes le pusieron La Pepa porque no son los ministros quienes deciden cómo se llaman popularmente las cosas. Eso se llama dominar, intentar dominar. Es el pueblo el que, cuando quiere, sobrenombra a algunas cosas. Eso se llama nominar, nominar libremente, que es algo bien distinto.

Hagamos oficialmente lo que tenemos que hacer, que es respetar los hechos respetando lo que históricamente hicimos, y luego, en la calle, que la gente, que somos todos y no sólo una ministra o un partido, llamemos a nuestro Puente como nos dé la gana